Hablar de derechos sexuales y reproductivos no solo implica reconocer libertades individuales, también es hablar de dignidad, autonomía, salud, y sobre todo, igualdad. Estos derechos son fundamentales para todas las personas, sin importar su edad, género, orientación sexual, condición social o si presentan una discapacidad.

¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?

Los derechos sexuales se refieren a la posibilidad que tenemos todas las personas de ejercer nuestra sexualidad de forma libre, informada, saludable y satisfactoria. Esto implica poder vivirla sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, y libres de prejuicios o violencias.

Por su parte, los derechos reproductivos hacen referencia a la facultad de tomar decisiones responsables, informadas y sin discriminación sobre si se desea tener hijos, cuántos, y en qué momento. Son decisiones personales que deben estar protegidas por sistemas de salud accesibles y sin barreras.

Ambos conjuntos de derechos incluyen aspectos esenciales como:

- Acceso a educación sexual integral.

- Planificación familiar.

- Prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

- Maternidad segura.

- Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

- Prevención y tratamiento de enfermedades del aparato reproductor como el cáncer de útero, mama o próstata.

Derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad

Un principio fundamental de los derechos humanos es la igualdad. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es clara: las personas con discapacidad deben tener las mismas oportunidades que los demás para decidir sobre su vida personal, familiar y reproductiva.

Esto significa que deben tener el mismo derecho a:

- Vivir su sexualidad de manera libre y placentera.

- Formar una familia.

- Acceder a servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación.

- Decidir si quieren tener hijos, cuándo y cuántos.

Incluso si requieren apoyos o ajustes razonables para tomar decisiones, esto no reduce su capacidad de decidir. No se puede asumir que una persona con discapacidad no puede ejercer sus derechos por tener una sentencia de interdicción judicial. Por el contrario, el sistema debe asegurar su participación mediante procesos de toma de decisiones con apoyo.

¿Qué necesitan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos?

Una de las claves para el ejercicio pleno de estos derechos es el acceso a información adecuada y comprensible. Esta debe responder a preguntas esenciales como:

- ¿Qué procedimiento médico se propone?

- ¿Para qué sirve?

- ¿Qué beneficios y riesgos tiene?

- ¿Existen otras alternativas?

- ¿Qué pasa si la persona decide no hacerlo?

- ¿A quién acudir si se necesita más información?

- ¿Qué sucede si cambia de opinión después de dar o negar su consentimiento?

La información debe ajustarse al nivel educativo, la edad y el contexto cultural de la persona, y estar disponible en los formatos que necesite: braille, lengua de señas, lectura fácil, pictogramas, entre otros.

¿Qué son los apoyos y ajustes razonables?

Para garantizar el acceso real a estos derechos, es fundamental implementar ajustes razonables y ofrecer apoyos para la toma de decisiones, estos ajustes razonables son las modificaciones que se hacen para eliminar barreras que impiden el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo:

- Adaptar los espacios físicos.

- Modificar la forma en que se entrega la información.

- Cambiar la manera en que se comunica el personal de salud con el paciente.

Estos ajustes deben ser viables, sin implicar una carga desproporcionada para las instituciones.

Apoyos para la toma de decisiones

Son estrategias y recursos que permiten que la persona pueda comprender, valorar y decidir libremente. Se clasifican en dos tipos:

1- Apoyos para la comunicación y acceso a la información, como: 

- Lengua de señas colombiana. 

- Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. 

- Dispositivos tecnológicos de asistencia. 
 

2- Apoyos para la comprensión y elección de alternativas, que suelen ser brindados por personas de confianza que ayudan a la persona con discapacidad a procesar la información, sin decidir por ella.

Un compromiso colectivo

Promover el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad es un deber ético, legal y social. Implica romper con estigmas y reconocer que la autonomía y el deseo son parte integral de la vida de cualquier ser humano.

Garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, diseñados con enfoque diferencial, no solo mejora la calidad de vida, sino que fortalece una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad. 

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